Los jóvenes madrileños quieren emanciparse.

■ Juan Martínez García
Secretario de Juventud de CC.OO. de Madrid.

Parece que de una manera o de otra la idea de que el principal problema de los jóvenes es poder desarrollar un proceso personal de emancipación, el salir del hogar familiar y el ser autónomo tanto individualmente como en pareja, está calando no sólo en los jóvenes, que por padecerlo lo conocen en sus múltiples facetas, sino que ya en casi todos los espacios se observa con asombro la escalada del precio de la vivienda y los esfuerzos casi milagrosos que los jóvenes han de hacer para hacer frente al pago de la letra mensual de la hipoteca a 40 o 50 años, o el destinar la parte mollar de sus ingresos para el pago del alquiler mensual. Si hace unos meses se escuchaban críticas a que jóvenes se movilizaban por mail o sms para organizar macrobotellones, ahora muchos más jóvenes que entonces se dan cita en todas las capitales para llamar la atención mediante sentadas y manifestaciones de la imposibilidad real de emancipación para un joven medio (precario, temporal, bajos salarios, sobrecualificado) y para reclamar iniciativas políticas que pongan remedio ante esa cruda realidad. Si montaran disturbios quizá tuvieran mayor eco mediático pero, con todo y con su actitud pacífica y festiva, ha sido imposible obviarles.

Es un avance porque los que frívolamente indicaban a la comodidad de los jóvenes en el hogar familiar como razón de la bajísima tasa de emancipación juvenil y al incremento de la edad de emancipación, reconocen ahora que la inestabilidad laboral y la inseguridad que produce, los bajos salarios, también para puestos cualificados (generación mileurista es como se ha venido a denominar) y la imparable subida del precio de la vivienda en estos últimos 12 años, son las principales razones de que los jóvenes no puedan emanciparse, y los que la hacen tienen que asumir el renunciar a todo tipo de concesiones y facilidades (o por lo menos reformularlas, aplicando iniciativas propias de ingeniería financiera).

Nuestro país imita al resto de Europa poco, sobre todo en las cuestiones importantes, y ésta nos sitúa a los 40 años de estado del bienestar que nos llevan de ventaja. Y eso se nota en los niveles de oportunidades que los jóvenes tienen en la mayoría de los países nórdicos y centroeuropeos, en los que los jóvenes a los 25 años llevan ya varios como personas independientes. El resultado de esa ecuación pasa por la intervención política que hacen accesible los alquileres (que nunca superan el 30% de ingresos de los jóvenes), con una variedad de vivienda atendiendo a las distintas realidades que se tienen desde los 18 a los 30 años. También incide positivamente la cultura laboral que no incorpora salarios menores por ser jóvenes, o contratos de 6 días, como fórmula contractual más utilizada (que se lo digan a los jóvenes franceses, por ejemplo).

Los jóvenes en España padecen de las peores situaciones a la hora de poder emanciparse, siendo el sur de Europa muy propicio para que en sus países esto sea una constante. Así lo acredita el hecho de que una persona joven tenga que destinar el 55,2 % de sus ingresos mensuales para pagar su vivienda, y esto trae como consecuencia que la edad de emancipación joven en España sea a los 32 años, frente a los 25 de media en la Unión Europea. Y si esto choca considerando el ciclo de crecimiento económico que vive España desde hace tiempo, más choca si rascamos el mapa y vemos que la Comunidad de Madrid, que aún crece a mayor ritmo que el Estado, la situación de acceso a la vivienda en general, y en particular, la situación de acceso a la vivienda para los jóvenes madrileños presenta las mayores dificultades de todo el país.

En nuestra Comunidad contamos con más de 1.600.000 jóvenes de entre 18 y 34 años, de los que sólo 600.000 están emancipados, y aunque nuestra tasa de emancipación ha pasado del 38% al 41% de diciembre del 2004 a diciembre del 2005, aún estamos muy lejos de la tasa de emancipación joven de Cataluña que está en el 49%. En este sentido llama la atención que los jóvenes de entre 30 y 34 años presente una tasa de no emancipación del 27%, lo que significa que 1 de cada 4 jóvenes en esa edad sigue sin emanciparse, un hecho que supone un claro indicador de la influencia que las dificultades económicas tienen sobre los procesos personales de emancipación.

Con todo, en la Comunidad de Madrid el salario medio anual de un joven no es de los más bajos (18.000 euros frente a los 15.000 euros en España), lo que se neutraliza cuando en nuestra Comunidad un joven ha de dedicar más de 15 años de salario integro para acabar de pagar su vivienda, frente a los 12 años en Cataluña o los 11 años de media en España. Si a esto añadimos que un joven en nuestra Comunidad tiene que dedicar el 73% de sus ingresos mensuales para hacer frente a los costes de su vivienda, mientras que de media en España ese porcentaje baja al 55% o al 56% en Cataluña, comprobamos lo lejos que nos queda a los jóvenes madrileños el 30% que se estima en Europa como porcentaje máximo a dedicar al pago de una vivienda joven.

Y si además el precio máximo tolerable para acceder a una vivienda para un joven madrileño es de 115.000 euros, el precio medio de vivienda libre es de 278.000 euros, produciéndose la mayor diferencia de todo el Estado, ya que la media en España es de 99.000 euros de precio máximo tolerable para un joven, y 182.000 euros el precio medio de vivienda libre. Ante esto tenemos que el precio medio de vivienda protegida es de 100.000 euros en la Comunidad de Madrid, y de 94.000 de media en España, lo que a las claras demuestra el papel deflactante que la vivienda protegida tiene en el precio de la vivienda, y reivindicándose como la iniciativa política imprescindible para facilitar a un joven el acceso a una vivienda en propiedad. Pues no parece que esta complicadísima situación despierte más interés que el electoral en el Gobierno Regional de Madrid. O sólo así se puede entender los despliegues mediáticos y la costosa publicidad en medios privados dedicada a hacer parecer verosímil el cumplimiento de la promesa electoral de 79.000 viviendas protegidas para jóvenes. Esa promesa electoral se convirtió al poco tiempo en el Plan de Vivienda Joven con opción a compra, el mismo plan que suponía una variación en negativo de la anterior Vivienda Protegida para Jóvenes y Mayores, que también contemplaba opción a compra a partir de un alquiler inicial. Conviene indicar que de este tipo, no se promovió ni una sola vivienda.

El Plan de Vivienda Joven promueve acceder a una vivienda protegida bajo la fórmula del alquiler con opción a compra durante 7 años, año en que es obligatoria la ejercer la opción de compra para no perder el 50% de la renta mensual pagada en concepto de adelanto, renta mensual que se sitúa entre 400 y 500 euros. También contempla la aplicación de un coeficiente corrector que duplica el precio del modulo, duplicando así el precio final de la vivienda situándolo en torno a 150.000 euros. Todas estas cuestiones hicieron que el CES emitiera u informe unánime cuestionando la eficacia de esta iniciativa por no incidir sobre los jóvenes con mayores dificultades, ya que ampliaba el nivel de ingresos mínimo para optar de 3,5 a 5,5 veces el SMI, y porque el precio final y la renta mensual apenas resultan competitivos con los del mercado, siendo vivienda protegida. Desde entonces la promesa electoral se ha convertido en una permanente herramienta de marketing político del Gobierno Regional, destinando ingentes cantidades de dinero público a la difusión de los sorteos de vivienda que se celebran en las localidades que han colaborado con suelo público para el plan. Con todo apenas se han sorteado 1500 viviendas y solo a junio del 2006 se ha podido entregar alguna, no más de 100. El que haya más de 140.000 jóvenes apuntados al Plan de Vivienda sólo confirma la enorme necesidad y demanda que existe, que no se corresponde con la oferta del Plan. Todavía a veces se oye a Esperanza Aguirre elaborando complejas fórmulas gramaticales para explicar que la promesa electoral no comprometía que las 79.000 viviendas fueran entregadas antes del fin de legislatura.

Evidente para cualquiera, hasta para el propio Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, quien recientemente presentaba el acuerdo con el Ayuntamiento de Tres Cantos para destinar suelo local para 1000 viviendas del Plan, con lo que ya se tenía suelo para 55.000 viviendas, a junio de 2006. Pero si siempre se ha apelado al hecho cultural más favorable a la adquisición que al alquiler de vivienda, matemáticamente también se explica cuando son parejas las cantidades a destinar a pagar una letra mensual y una renta de alquiler. Y las escasas iniciativas destinadas a favorecer el alquiler apenas suponen un pequeño alivio, como los 800 euros que como máximo un joven se puede deducir en su declaración del IRPF en concepto de alquiler. Sorprende que las ayudas de hasta 2800 euros previstas en el Plan Nacional de Vivienda para los jóvenes que alquilen un piso, no sean de aplicación en nuestra Comunidad por no haberse impulsado desde el Gobierno Regional. Conociendo como el alquiler es la fórmula que permite que en Europa los jóvenes se emancipen antes, desde CC.OO. de Madrid también apostamos por su desarrollo, más si cabe que son más de 400.000 las viviendas desocupadas en nuestra Comunidad, y que si se movilizaran con medidas de apoyo tanto para arrendadores como para arrendatarios, es claro que reduciríamos significativamente la edad de emancipación.

Con todo, los jóvenes madrileños tenemos que celebrar que la Hipoteca Joven de la Comunidad de Madrid, conveniada con Caja Madrid, ha sido reconocida como mejor hipoteca joven de Europa. Y aún siendo un buen producto financiero, la ventaja que plantea son los 40 años de amortización del préstamo, y en origen una cobertura de hasta el 100% del precio del piso, y digo en origen porque Caja Madrid ya lo ha reducido al 85%. Por eso, para CC.OO. de Madrid no es sostenible esta situación por más tiempo y reclama urgentemente una iniciativa política que reduzca drásticamente la edad de emancipación, equiparándonos a la media europea de 25 años, y al mismo tiempo ampliar significativamente la tasa de emancipación, que actualmente está en el 41% de los jóvenes de hasta 35 años, alcanzando el 50%. De ahí que el desarrollo de medidas que fomenten el alquiler social y la vivienda protegida para los jóvenes pasa por acompasar el crecimiento económico regional con la inversión presupuestaria en estas medidas, del mismo modo que se antoja imprescindible una apuesta por el empleo de calidad y con derechos para los jóvenes de nuestra Comunidad a partir del reciente beneficio empresarial.